En 1997 Manuel Castell defiende la existencia de una nueva sociedad que se cimienta en el informacionalismo inducido por la revolución de la tecnología de la información. En esta nueva era, denominada Era Informacional, la generación de riqueza, el ejercicio del poder y la creación de códigos culturales han pasado a depender de la capacidad tecnológica de las sociedades y de las personas, siendo la tecnología de la información el núcleo de esa capacidad. También Javier Echeverría dice que “el término sociedad de la información refleja, ni más ni menos, que las nuevas tecnologías influyen en la creación de una nueva sociedad, distinta de la industrial”, y define el “tercer entorno como un nuevo espacio donde se desarrolla la sociedad de la información”.
En esta nueva sociedad, el desarrollo del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la promoción de la Sociedad de la Información (SI) se han convertido en una prioridad política. Desde la Unión Europea se han impulsado distintas iniciativas encaminadas a incentivar la utilización de las TIC para gestionar los servicios de las administraciones:
a) e-EUROPE, iniciativa adoptada por la Comisión Europea para el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo 2000.
b) El Plan e-EUROPE 2002, aprobado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado en Feira los días 19 y 20 de junio de 2000, a propuesta de la Comisión Europea.
c) El listado de 20 servicios públicos básicos (12 para ciudadanos y ocho para empresas) aprobado en marzo de 2001.
d) El Plan e-EUROPE 2005, presentado en el Consejo Europeo de Sevilla y centrado en la seguridad de las redes y de la información, en la administración electrónica, en el aprendizaje por medios electrónicos, en la sanidad en línea y en el comercio electrónico.
Estas iniciativas han tenido su reflejo en la Administración española con una serie de planes y estrategias (Info XXI, Plan de choque y España.es) que han alcanzado un éxito desigual en las diferentes medidas. También las comunidades autónomas y algunas entidades locales han diseñado sus propios planes.
Lo que ha sucedido en España, al igual que en otros países, es que se ha entendido la Administración electrónica únicamente en el sentido de llevar los procesos a Internet, y estas medidas se han concentrado en poner determinados servicios en línea, más que en realizar estrategia global y, ciertamente, sin ningún tipo de coordinación entre administraciones.
Un informe reciente de la OCDE (eGovernment for better government, de 30 de marzo de 2005) reconoce que la puesta en línea de servicios no conduce al uso significativo de éstos por parte de los ciudadanos ni a la mejora de los servicios ni de la propia Administración, de ahí que siga existiendo una diferencia entre el número de servicios ofertados y la demanda real, bien por desconfianza o por falta de información en el uso de los servicios online por parte de los ciudadanos y de las empresas.
Por ello, el nuevo plan I-2010, sobre Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo, que acaba de presentarse durante la presidencia Irlandesa, incide en la investigación y el uso de las TIC para generar crecimiento y empleo. Los beneficios de las TIC proceden de su incorporación a productos y servicios y de la adopción de nuevos modelos de negocio, del cambio en las organizaciones y de la cualificación, además de la coordinación en puntos esenciales, tales como la interoperabilidad, la seguridad y fiabilidad, la gestión de identidades, la gestión de derechos y la facilidad de uso. La inclusión de estas propuestas mejora los servicios públicos y la calidad de vida.
El Gobierno de la Administración General del Estado español, en esta misma línea, recientemente ha anunciado la iniciativa Avanz@ 2010, realizada tras recibir el estudio de la ponencia del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), presidido por el catedrático Emilio Ontiveros.
“The Internet can be used by citizens to watch their governments -rather than by governments to watch their citizens-”, profesor Manuel Castells, en The Rise of the Network Society.
La definición que da la Comisión Europea sobre la Administración electrónica o e-Government abarca tres dimensiones de mejora a través de las tecnologías: la prestación de servicios, la participación ciudadana (democratización) y la dinamización de la gobernanza o del buen gobierno mediante la transformación de las relaciones internas y externas.
De esta manera, propugna que Internet y las TIC pueden ser herramientas, no sólo para el cambio en la mejora de la prestación de servicios, sino también para la mejora de la organización, para el cambio cultural de la organización y para el buen gobierno.
Por otro lado, la Administración tiene un efecto de arrastre en la modernización de la sociedad y, por ello, tiene una responsabilidad en facilitar el progreso y la competitividad. En este sentido, Kofi Annan recordó en la inauguración del foro para la gobernabilidad el gran potencial que tiene Internet, no sólo como un instrumento de intercambio y de comunicación humana, sino en el desarrollo social y económico. No en balde, el conjunto de las administraciones públicas gestiona cerca de la mitad de la riqueza nacional - medida en términos de PIB-.
Asimismo, la Administración ha de estar orientada a los ciudadanos y a la sociedad. En este sentido, la gobernabilidad se enfrenta, por un lado, al desafío de estructurar la organización y los procesos de manera que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos ordinarios, y por otro, a una aproximación de los poderes públicos a los ciudadanos y de transparencia en la actuación de estos poderes públicos.
La transparencia no sólo significa proporcionar a los ciudadanos más información y de forma mucho más accesible, sino que sobre todo implica que los ciudadanos puedan conocer lo que hacen los poderes públicos y todos los ciudadanos deben tener acceso a la información que de ellos posee el Estado. Más que de transparencia, podría hablarse de responsabilidad, que es el término utilizado en el Libro Blanco de la Gobernabilidad de la Unión Europea.
Corresponde, asimismo, a la Administración desarrollar una mayor capacidad para hacer llegar los servicios básicos y la información a quienes más los necesitan.
Podemos resumir que la Administración se enfrenta por tanto al desafío de las relaciones entre las diversas organizaciones públicas, al relativo a la modernización de las estructuras y finalmente a la mejora de la prestación de los servicios.
Estos tres retos se pueden conseguir mejorando la utilización de las nuevas tecnologías y las herramientas de la Administración electrónica. Los pilares básicos de cualquier Administración que quiera utilizar estos recursos son el registro telemático, un sistema de notificaciones electrónicas, una pasarela de pagos, un sistema de intercambio de certificados digitales y, finalmente, un sistema de archivado electrónico. Ya existen leyes que respaldan la validez jurídica de la Administración electrónica mediante herramientas de firma electrónica. Es el caso de la ley que regula ese tipo de firma, que es de 2003, o el Real Decreto 209/2003, que regula los registros y las notificaciones telemáticas.
Pero además de las actuaciones de las administraciones públicas, también es necesario que en todos los niveles de la sociedad exista una predisposición hacia la utilización de las nuevas tecnologías. Evidentemente, el objetivo debe ser conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos y un aumento de la productividad de las empresas. Y desgraciadamente en España todavía no existe esa percepción. Por ejemplo, sólo el 34,6% de los españoles (32,2% en Canarias) son usuarios habituales de Internet, frente a un 53,4% de media para los 15 países de la Unión Europea antes de última ampliación a veinticinco. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo entre todos para concienciarnos de la importancia que tiene para el desarrollo y la cohesión social la utilización de las TIC en general y de Internet en particular.
Rafael Chamorro Marín y Montaña Merchán Arribas
Presidente y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado (ASTIC)
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife