Noticias

El gobierno insular rechazó durante el pleno celebrado el viernes 31 de octubre el incremento de las cuotas a los trabajadores autónomos, derivada del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, propuesto por el Gobierno de España.

El Cabildo manifestó, así, su firme apoyo a los más de 60.000 autónomos de la isla que, con su trabajo y patrimonio personal, contribuyen cada día al desarrollo económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad.

En virtud de esto, el gobierno incidió en que “instar al Gobierno de España a revisar y adaptar el sistema de cotización para que no suponga una carga adicional para los autónomos de ingresos bajos y medios, así como a diseñar políticas que fomenten la estabilidad, la protección social y el emprendimiento de manera efectiva”.

El Cabildo manifestó su respaldo “a las políticas del Gobierno de Canarias en materia de apoyo al trabajo autónomo, como la cuota cero, la Ley de Segunda Oportunidad y las iniciativas de simplificación administrativa, así como la colaboración en la implementación de nuevas medidas que refuercen el tejido empresarial local”.

El gobierno reivindicó que “el tejido económico y social de Tenerife se construye, en gran medida, gracias al esfuerzo diario de más de 60.000 trabajadores autónomos, quienes representan una parte esencial de nuestro modelo productivo”.

Estos profesionales y empresarios, muchos de los cuales operan en sectores clave como el comercio, la hostelería, la agricultura y los servicios, aportan dinamismo, empleo y valor añadido a la economía de la isla. Sin su esfuerzo y dedicación, nuestra economía local no sería la misma.

Sin embargo, el reciente anuncio del Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre la subida de las cuotas a los autónomos mediante un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, ha generado una gran preocupación en el colectivo.

Esta medida, lejos de aliviar su carga y fomentar el emprendimiento, amenaza con incrementar aún más la presión fiscal sobre aquellos autónomos con ingresos medios y bajos, sectores que ya enfrentan dificultades debido a la inflación, los altos costes de producción y la escasa protección social.