Este instrumento de protección tiene como objeto identificar e inventariar los yacimientos arqueológicos existentes en cada término municipal. La Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC) las define en su artículo 64 como "documentos internos de la Administración para planificar la gestión y tutela del patrimonio arqueológico".
La consulta de las cartas arqueológicas debe responder a un interés legítimo, aunque no existe ninguna norma que regule el acceso de los ciudadanos u otras entidades no públicas a su información, debiéndose justificar los motivos por los que se solicita su consulta.
En la actualidad, este Cabildo dispone de las Cartas Arqueológicas de buena parte del territorio insular, encontrándose en proceso de inventario aquellas zonas para las que se carece de información o ésta es claramente insuficiente.
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