Cabildo de Tenerife

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Competencias delegadas del Cabildo

Los Cabildos Insulares pueden ejercitar, aparte de sus competencias propias, las que, siendo de titularidad del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, les sean delegadas por dichas Administraciones. También podrá darse el caso de que los ayuntamientos deleguen en los Cabildos Insulares; el ejercicio de determinadas competencias de su titularidad. Por ejemplo, la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL) da la posibilidad de que los ayuntamientos deleguen en las Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el caso de Tenerife, algunos de sus ayuntamientos han realizado esta delegación.

Con respecto a la delegación de competencias por parte del Gobierno de Canarias, el artículo 34 de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (LCI), establece que ésta deberá realizarse "mediante Decreto del Gobierno publicado en el Boletín Oficial de Canarias". Por tanto, la delegación de competencias administrativas deberá hacerse con carácter general a todos los Cabildos Insulares del Archipiélago y no de forma singular a favor de uno o varios de ellos. La delegación no modificará la titularidad autonómica de la competencia administrativa que tenga por objeto, la cual seguirá siendo de la Comunidad Autónoma.

El Decreto mediante el que se delegue la competencia concretará el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como los medios personales, materiales y los recursos entregados para su ejercicio. El personal asignado como consecuencia de la delegación no perderá su condición de personal de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias (en adelante, LRJAPC), autoriza al Gobierno de Canarias a delegar total o parcialmente en los Cabildos, en el ámbito de su respectiva Isla, el ejercicio de las competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de ejecución de obras públicas de interés general. Asimismo, podrán delegarse las potestades que permitan completar las competencias transferidas, generando sectores compactos de actuación administrativa.

El texto vigente de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la LRJAPC, indicado anteriormente, es el resultado de la modificación introducida a la Ley 14/1990, de 26 de julio, por la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley LRJAPC, en virtud de la cual las competencias que hasta la fecha podían ser objeto de delegación por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares fueron incluidas en la Disposición Adicional Primera como transferidas. Por esta razón, quedaron transferidas a los Cabildos Insulares las competencias que habían sido objeto de delegación en el año 1998 (servicios forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y la gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos; explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional; y los servicios sociales especializados a personas mayores, minusválidos y mujeres).


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