Cabildo de Tenerife

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Competencias propias del Cabildo

Según el artículo 7 de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (en adelante, LCI), son competencias propias de los Cabildos Insulares las que se les atribuyan con tal carácter en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en las leyes reguladoras de los distintos sectores de la actuación pública. Idéntico carácter tendrán las competencias transferidas a los Cabildos Insulares por leyes del Parlamento de Canarias.

  • Competencias como órgano de gobierno, administración y representación de la Isla: El artículo 8 de la LCI enuncia algunas de estas competencias propias de los Cabildos Insulares, que coinciden, como hemos indicado, con las que la LBRL atribuye a las Diputaciones Provinciales. Son las siguientes:
    • La coordinación de los servicios municipales de la Isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular, supliendo a los Ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios o las funciones públicas establecidas en la LBRL.
    • La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
    • La prestación de servicios públicos supramunicipales.
    • Aprobar los Planes Insulares de Obras y Servicios elaborados en colaboración con los Ayuntamientos de cada isla. A tal fin, los ayuntamientos realizarán las propuestas de obras que afecten a su término municipal, que no podrán ser modificadas por el Cabildo Insulares respectivo, salvo por causas justificadas y previa audiencia del ayuntamiento afectado.
    • El fomento y administración de los intereses peculiares de la Isla.
  • Competencias transferidas: La transferencia se efectúa por Ley del Parlamento de Canarias. La Ley establece que los Cabildos Insulares las ejercen en régimen de autonomía, aunque la Comunidad Autónoma ostenta siempre la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria de las materias a que se refieren dichas competencias y funciones.

    Las transferencias de competencias y funciones a los Cabildos Insulares deberán hacerse a todos ellos con carácter general. La transferencia de competencias requerirá la asignación de los recursos y medios materiales y personales precisos para el sostenimiento de los correspondientes servicios bajo el principio de suficiencia financiera.

    La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (en adelante, LRJAPC), declara transferidas a los Cabildos, en su Disposición Adicional Primera , las siguientes competencias en el ámbito insular:

    • Las demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
    • Las funciones propias de las Agencias de Extensión Agraria.
    • Las granjas experimentales.
    • Los servicios forestales, vías pecuarias y pastos.
    • La acuicultura y cultivos marinos.
    • La protección del medio ambiente.
    • La gestión y conservación de espacios naturales protegidos, en el marco de lo establecido en la legislación autonómica vigente.
    • La caza.
    • Las infraestructura rural de carácter insular.
    • La subrogación en las competencias municipales sobre el planeamiento urbanístico, de conformidad a lo establecido en la legislación sectorial vigente.
    • Las carreteras, salvo las que se declaren de interés regional, en el marco de lo que disponga la legislación sectorial autonómica. En las carreteras de interés regional, la explotación, uso y defensa y régimen sancionador.
    • La gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren de interés regional.
    • Las obras hidráulicas que no sean de interés regional o general, conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas terrestres en los términos que establezca la legislación sectorial autonómica.
    • Los transportes por carretera y por cable. Ferrocarriles, en el marco de los que disponga la normativa sectorial autonómica.
    • Las ferias y mercados insulares.
    • La policía de espectáculos.
    • La promoción y policía del turismo insular, salvo las potestades de inspección y sanción.
    • Las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
    • La policía de vivienda.
    • La conservación y administración del parque público de viviendas.
    • La administración de las residencias de estudiantes establecidos en la Isla.
    • El fomento de la cultura, deportes, ocupación, ocio y esparcimiento en el ámbito insular.
    • La conservación y administración del patrimonio histórico-artístico insular.
    • Los museos, bibliotecas y archivos que no se reserve para sí la Comunidad Autónoma.
    • El fomento de la artesanía.
    • La asistencia social y servicios sociales.
    • La defensa del consumidor.
    • Las campañas de saneamiento zoosanitario.

Conforme a la Disposición Transitoria 3ª de la LRJAPC, para el efectivo ejercicio de las competencias declaradas transferidas por la Ley es preciso que el Gobierno de Canarias apruebe el correspondiente Decreto de Transferencias en el que se describan las funciones transferidas, compartidas y reservadas. Para la asunción por los Cabildos Insulares del ejercicio efectivo de las competencias transferidas se requiere, además, que el Gobierno de Canarias, previa audiencia de cada Cabildo Insular, apruebe los anexos de traspasos en los que se precisan los medios personales y materiales afectos a las nuevas competencias y los recursos traspasados. Aprobado y publicado el anexo, el Cabildo Insular correspondiente y la Comunidad Autónoma deben suscribir la correspondiente acta de recepción y entrega de los servicios, expedientes, bienes, personal y recursos traspasados.


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