Según el artículo 7 de la Ley Territorial 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares (en adelante, LCI), son competencias propias de los Cabildos Insulares las que se les atribuyan con tal carácter en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en las leyes reguladoras de los distintos sectores de la actuación pública. Idéntico carácter tendrán las competencias transferidas a los Cabildos Insulares por leyes del Parlamento de Canarias.

Conforme a la Disposición Transitoria 3ª de la LRJAPC, para el efectivo ejercicio de las competencias declaradas transferidas por la Ley es preciso que el Gobierno de Canarias apruebe el correspondiente Decreto de Transferencias en el que se describan las funciones transferidas, compartidas y reservadas. Para la asunción por los Cabildos Insulares del ejercicio efectivo de las competencias transferidas se requiere, además, que el Gobierno de Canarias, previa audiencia de cada Cabildo Insular, apruebe los anexos de traspasos en los que se precisan los medios personales y materiales afectos a las nuevas competencias y los recursos traspasados. Aprobado y publicado el anexo, el Cabildo Insular correspondiente y la Comunidad Autónoma deben suscribir la correspondiente acta de recepción y entrega de los servicios, expedientes, bienes, personal y recursos traspasados.


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